RSS

Tribunal Supremo Sala IV de lo Social. Sentencia de 30 de marzo de 2009.

03 mar

 1. Hechos:

Con fecha 3 de diciembre de 2004 el Juzgado de lo Social de Vigo dictó sentencia desestimando la demanda interpuesta por Doña Gema , Don Artemio , Doña Nicolasa , Don Darío , Doña Tomasa , Don Fructuoso , Doña Aurora , Don Victorino , Doña Petra , Don Juan Ramón , Doña María Rosa , Doña Brigida y Don Basilio, absolviendo a la Consellería de Política Agroalimentaria y Desenvolvimiento Rural de la Xunta de Galicia.

En dicha sentencia quedo probado que los demandantes venían  prestando servicios como veterinarios para la Consellería de Política Agroalimentaria y Desenvolvimiento Rural, en distintos periodos de tiempo.

Por medio de sentencia del Juzgado de lo Social de Vigo se declaró la nulidad de la decisión extintiva del último de los contratos celebrados por algunos de los actores. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia en la que se declaraba la improcedencia de los despidos. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó sentencia en sede de conflicto colectivo en la que se declaraba que la relación que mantienen los veterinarios con la Xunta de Galicia tiene carácter laboral. Esta sentencia fue anulada por otra del Tribunal Supremo. El Secretario General de la Consellería demandada certificó los periodos de prestación de servicios de los actores, como miembros de los equipos de veterinarios, pero sin certificar que desarrollaran relación laboral.

Doña Gema y los demás presentaron recurso de casación para unificación de doctrina.

2. Razonamiento jurídico del Tribunal:

PRIMERO: Los demandantes han prestado servicios como técnicos veterinarios para la Consejería. Por sentencia del Juzgado de lo Social de Vigo se declaró la improcedencia de algunos de los despidos de los demandantes, manteniendo el reconocimiento del carácter o naturaleza laboral de dichas relaciones.

Los actores interpusieron la demanda origen de las presentes actuaciones en la que solicitan el reconocimiento del carácter laboral de su prestación durante los referidos períodos.

Recurren en casación para la unificación de doctrina los propios demandantes, denunciando la infracción de los artículos 17.1 y 80.1.d) de la Ley de Procedimiento Laboral y 24.1 de la Constitución, y designando como sentencia contradictoria la de la misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que resuelve una pretensión análoga de declaración del carácter laboral de un vínculo contractual entre la misma Administración y un Veterinario durante unos determinados períodos temporales.

Concurre el presupuesto de la contradicción del art. 217 de la LPL entre la sentencia recurrida y la de contraste porque, ante la identidad de hechos, fundamentos y pretensiones; la recurrida aprecia la falta de acción al considerar que la reclamación no responde a un conflicto real entre las partes, mientras que la referencial la acepta por entender que sí existe un interés cierto y vigente en la pretensión.

SEGUNDO: Se procede a examinar de oficio la jurisdicción del orden social para conocer de la pretensión ejercitada, la cual tiene por objeto: Mejorar la posición de los actores en las listas de sustituciones o contrataciones de la Xunta de Galicia, aportar su resultado como méritos en las oposiciones convocadas,  o,  incluirlos en el currículo personal de cada actor. Para ello se aplica la ST de 21 de Marzo de 2007 (1795/2006): Por ella se afirma que el orden social tenía competencia sólo en el caso en el que entre el empresario y el trabajador hubiese una relación vigente. Pero desde el momento en que la relación laboral quedó extinguida, el conflicto actual ya no se produce entre un trabajador y un empresario, salvo que tuviese por objeto el objeto de alguna obligación derivada del vínculo que existió entre las partes y a que pudiese ser ahora justiciable.

Pero lo que se pretende en la demanda es que se realice una calificación de la misma en el orden a acreditar determinada puntuación en un concurso para el acceso a determinados puestos de trabajo de la Administración autonómica, cuestión que no compete a la jurisdicción social aunque se tratara de concursos para acceder a puestos de carácter laboral. Tendrá que alegarse y acreditarse en el correspondiente procedimiento administrativo de selección y que dará origen a una controversia sobre la puntuación en un concurso para cuyo conocimiento será competente el orden contencioso- administrativo.

También se solicita en el suplico de la demanda una acción declarativa desprovista de cualquier utilidad práctica y que no responde a un conflicto real y actual entre las partes. El TC alega que no es posible el recurso a acciones meramente declarativas para plantear  cuestiones no actuales ni efectivas, futuras o hipotéticas, o cuya decisión no tenga incidencia alguna en la esfera de derechos e intereses del actor. El demandante carece de acción para deducir una mera pretensión declarativa sobre un reconocimiento  general del carácter laboral de una relación extinguida hace años, y esta falta de acción se traduce también en una falta de jurisdicción.

TERCERO: Junto a la acción declarativa de reconocimiento del carácter laboral de la relación, se ejercita otra de condena pidiendo a la Administración que se condene a acreditar de forma la laboralidad de dichos periodos. Pero esta acción de condena carece de autonomía y no es más que una mera consecuencia instrumental del reconocimiento de la laboralidad en que se funda la pretensión básica de carácter declarativo. y es así porque la certificación la ha expedido la Administración.

Esto requiere algunas matizaciones. En primer lugar, se altera el contenido del acto de certificación, porque se limita a  consignar lo que consta en un archivo público, sin realizar una nueva valoración o calificación de lo que allí obra y ahí debe constar algo más. Debe de incluirse la sentencia del Juzgado de lo Social que reconoció la laboralidad. Esta omisión era fácilmente subsanable. De modo que aquí aparece la falta de interés práctico de la pretensión ejercitada y su artificiosidad. En segundo lugar, estamos ante una obligación administrativa de certificación. Había que certificar sólo el tiempo servido y la clase de trabajo o servicio. No existe para el empresario una obligación laboral de certificar la existencia de una relación laboral que no ha sido concertada como tal, que él no admite y que tuvo lugar varios años después de extinguida esa relación. Y por último, es lógico que una decisión de falta de acción no equivalga a una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, si esta decisión está razonada y fundada en Derecho y no constituye una restricción excesiva contraria al principio pro actione.

Procede por tanto a la desestimación del recurso, como propone el Ministerio Fiscal, sin que, proceda la imposición de costas.

Al final de la sentencia la EXCMA. SRA. MAGISTRADA DOÑA Maria Luisa Segoviano Astaburuaga formula un voto particular a la sentencia 30-MARZO-2009 (RECURSO 1626/2008). El voto lo formula para mantener la posición que mantuvo en la deliberación, favorable a la estimación del recurso de la parte trabajadora.

Sostiene la admisibilidad de este tipo de acciones en el proceso laboral, pues considera que no se modifica la doctrina jurisprudencial de esa sala. Bajo su opinion no se trata de una relación administrativa, sino laboral.

PRIMERO: la parte demandante ya tiene probada su relacion de laboralidad judicialmente aunque la parte demandada no lo quiera admitir.

También alega que el propio  Tribunal Constitucional estimo otros recursos de amparo planteados, por temas similares, entendiendo que se había producido una vulneración de la garantía de indemnizada.

La parte demandada se opone invocando, entre otras, la sentencia de esta Sala de fecha 21-marzo-2007 (recurso 1795/2006 ). Pero en ella hay diferencias sustanciales, pues se declaraba en otra sentencia anterior un despido improcedente, entendiendose que la relación era claramente laboral.

SEGUNDO: señala lo que dice la Ley de Procedimiento Laboral que no prohibe el planteamiento de acciones declarativas estando condicionada su admisibilidad a la existencia de un interés digno de tutela.

La jurisprudencia constitucional se ha manifestado sobre las acciones declarativas y su amparo en el art. 24.1 CE. Que exigia en este tipo de acciones declarativas la cuantificación del petitum. Que si se rechaza una accion de este tipo pero se aprecia un interes digno de protección también se estará vulnerando el art.24CE.

La jurisprudencia recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional admiten el ejercicio de acciones declarativas en el proceso laboral, pero esa admisión se condiciona a que aquéllas cumplan determinadas exigencias como que el ejercicio de la acción esté justificado por una necesidad de protección jurídica. Por ello no se pueden plantear cuestiones no actuales o futuras.

TERCERO: en este caso la cuestión a discutir es distinta, puesto que la entidad pública demandada no niega la obligación de emitir el certificado de prestación de servicios pretendiendo por la parte demandante que la relación habida entre las partes en el periodo discutido lo fue de naturaleza administrativa, no laboral.

No se niega la obligación de entregar el certificado como empleadora y lo emite pero incorrectamente y tampoco se alega la cuestión de prescripción.

Esta obligación de emitir certificados derivaría del uso laboral y de la buena fé contractual.

CUARTO: existiendo un interés digno de tutela y siendo admisible el ejercicio de la acción meramente declarativa en el ámbito del proceso laboral, el recurso debe ser estimado en cuanto al fondo y en el ámbito natural jurisdiccional instaurado para resolver los litigios entre trabajadores y empresarios, siendo por tanto correcta la doctrina mantenida, lo que debería haber comportado la estimación del recurso de casación unificadora y debería haberse procedido a la estimación a la demanda, declarando que la relación mantenida por los actores, como veterinarios, con la entidad pública demandada durante los periodos solicitados era de carácter laboral.

Lo anteriormente expuesto unido a la negativa empresarial al reconocimiento de la relación laboral, vulnera las reglas de la buena fe y del ordinario uso en el ámbito laboral contractual.

3. Opinión personal:

En este caso el recurso fue interpuesto para que se reconociera la relación laboral, la cual en este caso afirmamos que existe.

Estamos de acuerdo con el razonamiento de la magistrada Doña María Luisa Segoviano en el sentido de que no se trata de una relación administrativa, si no laboral, lo cual queda probado por las alegaciones de la parte demandante.

En este caso existía, como bien afirma la magistrada, un interés digno de tutela, por lo cual el recurso debería haberse admitido.


About these ads
 
Deja un comentario

Publicado por en marzo 3, 2011 en Uncategorized

 

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

 
Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

A %d blogueros les gusta esto: